Las personas privadas de su libertad además de enfrentar exclusión, maltrato, violencia, desigualdad estructural y rechazo por purgar una sentencia, no tienen garantizada la atención de su salud mental el tiempo que permanecen en un centro penitenciario, lo que limita en gran medida su reinserción social al terminar su condena, aseguró la senadora Geovanna Bañuelos.
Por lo anterior, la coordinadora del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, y las senadoras Cora Pinedo Alonso y Martha Márquez, así como el senador Joel Padilla, propusieron reformar el artículo 72 de la Ley General de Salud para establecer explícitamente que las personas procesadas o sentenciadas que se encuentran en un centro de reclusión tienen derecho a recibir el servicio de salud mental.
Geovanna Bañuelos destacó que es importante reconocer en la ley a las personas recluidas para que no sean excluidas o vulneradas en este derecho. “El estado de bienestar mental permite que las personas se puedan desarrollar plenamente en todas sus actividades, como en el trabajo, aprendizaje y sobre todo en la contribución en la mejora de la sociedad”.
“La salud mental es primordial para estas personas. El desgaste psicológico que sufren desde que inicia el proceso judicial es de gran impacto y empeora una vez que se encuentran recluidos en un centro penitenciario, lo que deriva en ansiedad, depresión u otros trastornos mentales que pueden derivar en conductas autolesivas e incluso intentos de suicidio”, explicó Geovanna Bañuelos.
La legisladora por Zacatecas resaltó que es fundamental garantizar la atención de la salud mental de las personas privadas de su libertad de manera continua, preventiva y participativa, pero sobre todo comunitaria.
Por lo que también se propone reformar la Ley Nacional de Ejecución Penal para establecer la salud mental como parte de sus derechos, así como en las obligaciones de las autoridades penitenciarias.
“En el Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo siempre nos preocupamos por los problemas relacionados con la salud mental y sobre todo apoyaremos a las personas que se encuentren en una situación de vulnerabilidad, en estado de indefensión y obstaculizados por el mismo sistema”. Afirmó Geovanna Bañuelos.
Y resaltó que al garantizar el acceso de la salud mental de las personas privadas de su libertad se da un paso importante para brindarles la oportunidad de volver a ser parte de nuestra sociedad.
La iniciativa fue turnada a las comisiones unidas de Justicia; de Estudios Legislativos, Primera, con opinión de la Comisión de Salud, para su análisis y posterior dictamen.
