FUE ELECTO POR LOS DIPUTADOS DE AGUASCALIENTES EL CONTRALOR INTERNO DEL INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL

José Armando Bajos Rodríguez fue electo por unanimidad para dicho cargo.

El Lic. Miguel Ángel Nájera Herrera fue designado como representante del Congreso del Estado ante el Consejo de la Judicatura.

La Secretaría General de Gobierno reasumió funciones de la Jefatura de Gabinete.

Fue aprobada la Ley de Protección a Víctimas del Delito del Estado de Aguascalientes.

Fue reformado el Código Civil del Estado.

HCE_03 Toma de protesta contralor interno del IEE José Armando Bajos Rodriguez 30 julio 2015

En la última sesión ordinaria del Segundo Período Ordinario del Segundo Año de Ejercicio Constitucional de la LXII Legislatura de Aguascalientes, fue electo José Armando Bajos Rodríguez como contralor interno del Instituto Estatal Electoral, según la votación unánime del acuerdo legislativo elaborado por la Comisión de Gobierno del Congreso del Estado.

Al respecto, el diputado Oswaldo Rodríguez García manifestó que las condiciones de certeza y efectividad, pero sobre todo, confiabilidad son la carta de presentación de quien lleva el control interno de una institución. Por dicho motivo, el representante popular afirmó que el profesionista propuesto cumple con los requisitos marcados por ley, además de poseer una trayectoria impecable que demuestra su responsabilidad y honorabilidad.

Instó además a sus compañeros a votar por el licenciado Bajos Rodríguez, quien cuenta con el apoyo de los partidos de Nueva Alianza, el Partido del Trabajo y de Movimiento Ciudadano, aclarando que el profesionista no cuenta con filiación política alguna, por lo que llamó a no politizar el nombramiento.

La diputada del PAN Martha Márquez Alvarado manifestó su desacuerdo hacia la propuesta del candidato para ocupar el cargo de Contralor del IEE; acusó que el proceso de designación del Contralor Interno del Instituto Estatal Electoral, ha sido poco transparente y del cual dijo que el aspirante puesto a consideración no es confiable “pues no se sabe sí tiene antecedentes partidistas”. Adelantó que votaría a favor pero criticó los procedimientos al seno de la Comisión de Gobierno.

La diputada Rosa Elena Anaya Villalpando manifestó su oposición a las declaraciones de su antecesora, al señalar que su Grupo Parlamentario del PRI-PVEM tenía otro candidato, pero que en ánimo de conciliación, se optó por apoyar la propuesta de otros institutos políticos, mediante el diálogo y el acuerdo entre las diferentes fuerzas políticas representadas en el Congreso del Estado. Concluyó al declarar que “el PRI no impone, el PRI consensa” y que lo que deberá imperar en el trabajo del que resulte electo, será la ley, cuyo cumplimiento deberá vigilar y hacer valer en la importante área que tendrá a su cargo.

Tras la votación por cédula, se ratificó la votación unánime para el licenciado José Armando Bajos Rodríguez, quien reunió la aprobación de todos los representantes populares presentes en el salón de sesiones.

Hecho lo anterior, el nuevo contralor del IEE fue llamado a rendir la protesta de ley, tras lo cual saludó y agradeció el apoyo de los ocupantes de las curules del recinto legislativo.

También mediante acuerdo legislativo, el Pleno Legislativo aprobó por mayoría el nombramiento del Licenciado Miguel Ángel Nájera Herrera como representante del Honorable Congreso del Estado ante el Consejo de la Judicatura Estatal.

En su oportunidad, la diputada del PAN Martha Márquez Alvarado,  afirmó que en su partido siempre han pugnado por impulsar la capacidad, la experiencia, la imparcialidad y la objetividad en la elección de perfiles para ocupar cargos públicos, sin embargo lamentó que el propuesto para representar el Congreso del Estado en el Consejo de la Judicatura, no cumple con ningún requisito de los mencionados.

Márquez Alvarado sostuvo que esto es la continuación de imposiciones por parte del PRI, dijo que Nájera Herrera cuenta con muchos antecedentes en su contra, pues en su desempeño en el Congreso del Estado se registran actos como el de “un ejercicio indebido de sus funciones, acusado además de modificar a modo algunos dictámenes que ya se habían aprobado en Comisiones, y de erigirse como si fuera diputado”.

Subió a la tribuna la legisladora Rosa Elena Anaya Villalpando, quien elogió la labor del licenciado Miguel Ángel Nájera Herrera, de quien dijo es un valioso aliado en el trabajo parlamentario, que tiene un alto nivel de profesionalismo y probidad, además de una gran trayectoria en el servicio público. Desmintió a la diputada Martha Márquez al señalar que las acusaciones en contra del secretario general han sido desechadas en todas las instancias.

También hizo mención de que en el caso del nombramiento del Fiscal Especial Electoral, este tuvo lughar conforme a derecho, pues el Congreso mandó la quinteta de candidatos al Fiscal General del Estado, quien a su vez remitió una terna a la LXII Legislatura, y dado que el Pleno no logró mayoría calificada para la designación, correspondió al titular de la Fiscalía la designación, como contemplaba el procedimiento respectivo.

En la votación nominal respectiva, la propuesta de nombramiento obtuvo 23 votos a favor, la abstención del diputado Mario Alberto Álvarez y la negativa de la legisladora Martha Márquez Alvarado.

Posteriormente, fue aprobado por unanimidad, el dictamen de la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales, que resuelve la iniciativa de reformas a la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Aguascalientes, presentada por el ingeniero Carlos Lozano de la Torre, Gobernador Constitucional del Estado de Aguascalientes.

Dicha propuesta, viene a complementar la reforma constitucional realizada previamente y que reforma la denominación de la Secretaría de Gobierno para pasar a ser Secretaría General de Gobierno, entidad que retomará diversas facultades que poseía la Jefatura de Gabinete.

Acto seguido, la unanimidad de los diputados se pronunció por la afirmativa del dictamen –que formuló la Comisión de Justicia- que resuelve las iniciativas de reformas a las Leyes de Protección a Víctimas del Delito del Estado de Aguascalientes y la referente a la que regula el Sistema de Justicia para Adolescentes del Estado de Aguascalientes, presentadas de forma separada, por las representaciones del Grupo Parlamentario del PAN (GPPAN), Partido del Trabajo (PT) y el Ejecutivo Estatal.

De la modificación que planteó el legislador Mario Álvarez Michaus, a nombre del GPPAN, se establece que en los delitos como el homicidio (en cualquiera de sus tipos), lesiones, privación ilegal de la libertad y desaparición forzada, los ofendidos tendrán derecho a recibir atención psicológica así como becas de estudio hasta que puedan concluir sus estudios de educación superior; se específica que en caso de que la víctima fallezca, tendrán derecho al pago de los gastos funerarios cuando carezcan de recursos económicos o no sean beneficiarios de algún sistema de seguridad social.

Respecto a la modificación que propuso el Ejecutivo Estatal, se hace en el sentido de armonizar el contenido de la Ley Estatal de Protección a Víctimas con la Ley General de Víctimas y con el Código Nacional de Procedimientos Penales; de igual forma, establece que el Código Nacional de Procedimientos  será de aplicación supletoria a la Ley del Sistema de Justicia para Adolescentes del Estado de Aguascalientes. En cuanto a la modificación propuesta por el legislador J. Jesús Rangel de Lira, representante del PT, se impulsa con el objeto de homologar la normatividad estatal con Ley General de Víctimas, mediante la expedición de un nuevo ordenamiento local de la materia.

Posteriormente, fue sometido a consideración del Pleno Legislativo el Dictamen de la Comisión de Justicia, que resuelve las iniciativas de reforma al Código Civil del Estado de Aguascalientes; así como al Código de Procedimientos Civiles del Estado, presentada por el Ciudadano Diputado Leonardo Montañez Castro; así como la iniciativa por la que se reforma el Artículo Único Transitorio y de adición de un Artículo Segundo Transitorio al Decreto Número 201, publicado el 22 de junio del año 2015 en el Periódico Oficial del Estado, presentada por los magistrados integrantes del Pleno del Supremo Tribunal de Justicia en el Estado.

El objetivo de las propuestas es modificar las disposiciones transitorias del Decreto de reformas a la normatividad civil en materia de divorcio incausado; dicho decreto, contiene una serie de modificaciones de la normatividad sustantiva y adjetiva civil de nuestra Entidad, a fin de regular el divorcio sin causa, también conocido como “exprés”.

De esta manera, quienes se encuentren en proceso de divorcio mediante los trámites que eran operativos antes de las reformas, podrán solicitar acogerse a las nuevas disposiciones. Además, se clarifican diversos procedimientos con respecto a la disolución del vínculo matrimonial.

Las propuestas legislativas obtuvieron la aprobación unánime de los diputados presentes en la sesión ordinaria.

En seguida, fue avalado por la unanimidad el dictamen que emitió la Comisión de Justicia y que contiene la iniciativa de reforma a la Ley del Instituto de Asesoría y Defensoría Pública del Estado de Aguascalientes, presentada por el gobernador del estado, Ingeniero Carlos Lozano de la Torre.

Se regula el marco normativo que rige dicho instituto con el propósito de incluirlo de manera adecuada en el sistema penal, con facultades y principios que permitan garantizar el derecho humano a una defensa apropiada.

Con la reforma, se evitarán duplicidades y confusión en cuanto a las atribuciones que actualmente se encuentran conferidas al Instituto de Asesoría y Defensoría Pública y que son facultades exclusivas de la Fiscalía General del Estado, como lo es la atención a víctimas y a ofendidos.

En el siguiente punto del orden del día, fue avalada por la mayoría de los legisladores presentes, la iniciativa para adecuar la Ley de Deuda Pública del Estado de Aguascalientes con la reforma Constitucional Federal incorporando medidas de responsabilidad hacendaria, en el sentido de que las legislaturas locales por el voto de las dos terceras partes de sus miembros presentes, autoricen los montos máximos para contratar empréstitos y obligaciones, previo análisis del destino, capacidad de pago y, en su caso, el otorgamiento de garantía o establecimiento de fuente de pago.

En el debate, la diputada del Partido Acción Nacional Martha Márquez Alvarado, manifestó su voto en contra del dictamen, al señalar que hay violaciones al Estado de Derecho y contraviene el Derecho Administrativo, pues dijo que no queda clara la operación de los Fideicomisos.

Otra de las inconsistencias, según la representante popular del PAN, es la de que los bienes públicos del estado “son inalienables, imprescriptibles e inembargables”.

Por su parte, el diputado Eduardo Rocha Álvarez afirmó que un proyecto de Estado exitoso requiere de estrategias profesionales bien planificadas. Expresó que la reforma objeto de análisis, busca profesionalizar los esquemas financieros de los municipios y el gobierno estatal, ya que se propone la mayoría calificada en el Congreso para la aprobación de financiamiento.

Dijo que los cambios planteados, no afectarán el patrimonio de dominio público, pues estos están protegidos en la Ley de Bienes del Estado, y los bienes inmuebles que forman parte del patrimonio de estas entidades no caben en este supuesto, además de que cuando se propongan como garantía, requerirán de la aprobación de las dos terceras partes de los legisladores locales.

Rocha Álvarez enfatizó que las reformas darán fundamento jurídico a grandes proyectos de impacto social, como el denominado “Territorio de Gigantes”, que generaría importantes flujos de inversión, además de garantizar un desarrollo urbano sustentable.

En la votación en lo general, el dictamen obtuvo 20 votos a favor, 3 en contra (legisladores Martha Márquez, Israel Sandoval, Adolfo Suárez), con las ausencias de los diputados Gilberto Gutiérrez y Jesús Rangel.

En lo particular, el legislador Ulises Ruiz Esparza de Alba presentó una reserva del artículo 25, párrafo dos, de la Ley de Deuda Pública del Estado, mediante la cual proponía la modificación de la redacción de dicho párrafo, referente a organismos públicos descentralizados dedicados al desarrollo de vivienda

Fue rechazada la moción particular con 7 votos a favor, la abstención del diputado Marco Arturo Delgado Martín del Campo y 14 en contra.

En otro punto del orden del día, se eligió por unanimidad la mesa directiva que conducirá los trabajos de la Diputación Permanente, quedando integrada por los siguientes diputados: Juan Francisco Ovalle García (PRI), presidente; Mario Alberto Álvarez (PAN) Michaus, vicepresidente; Oswaldo Rodríguez García (MC) y Norma Adela Guel Saldívar (PRI), fungirán como primer y segundo secretario, respectivamente; y como prosecretaria, la legisladora Verónica Sánchez Alejandre.

Como suplentes, fueron electos los legisladores Jesús Eduardo Rocha Álvarez, Leonardo Montañez Castro y Cuauhtémoc Escobedo Tejada.

ASUNTOS GENERALES

DIPUTADA JUANA ALICIA ESPINOSA DE LOS MONTEROS ORTIZ

En su oportunidad, la diputada Juana Alicia Espinosa de los Monteros Ortiz, a nombre del Grupo Parlamentario del Partido Nueva Alianza, afirmó que la Constitución Política Federal garantiza que la educación pública debe ser gratuita, sin embargo dijo que en ocasiones hay desconocimiento de los gastos que se requieren para el cuidado y mantenimiento de los planteles educativos;  celebró la iniciativa del gobernador Carlos Lozano de la Torre al anunciar el destino de 30 millones de pesos para el mantenimiento de las escuelas del estado.

No obstante, Espinosa de los Monteros aseveró que esto no es suficiente, pues al repartir este recurso “a cada plantel le corresponderían 20 mil pesos, siendo una falacia de que con este presupuesto se resolverán los problemas, toda vez que tan sólo la impermeabilización de aulas de una tele secundaria cuesta esa misma cantidad”.

La representante popular aliancista coincidió que la inscripción de los alumnos no debe condicionarse a cambio del pago de cuotas escolares, pero sí lanzó el llamado para que de manera conjunta padres de familia, alumnos y autoridades, se busque la mejor solución “dejando de cargarle la culpa a los docentes por esta situación”.

LEGISLADOR CUAUHTÉMOC ESCOBEDO TEJADA

Ante los micrófonos, el diputado Cuauhtémoc Escobedo Tejada respaldó el posicionamiento de la diputada que le antecedió en el uso de la palabra. Dijo que es necesario respaldar al magisterio de Aguascalientes, que con los nuevos criterios de evaluación alcanzaron el quinto lugar a nivel nacional, lo que habla de la preparación del gremio.

El representante popular por el PRD lamentó las voces -incluidas las de partidos-, que pretenden mostrar una imagen distorsionada de los docentes de instrucción primaria. Subrayó también que debería ser el Estado el que se encargue del mantenimiento de las escuelas, cuyos edificios estarían “caídos” si no fuera por el apoyo de los padres de familia. Anticipó que su instituto político pondrá el tema en la agenda el próximo año, pues impulsarán que se destine un mayor presupuesto para los insumos y mantenimiento de los planteles educativos.

DIPUTADA NORMA ADELA GUEL SALDÍVAR

Desde la máxima tribuna del estado, la legisladora del PRI Norma Adela Guel Saldívar denunció el injusto despido del que fue objeto un bombero del municipio de Aguascalientes y quien tras 12 de años de servicio, de dedicación y de arriesgar su integridad física, fue cesado por el sólo hecho de solicitar mejores condiciones para desempeñar su oficio.

Ante tal situación, Guel Saldívar hizo un llamado al alcalde Juan Antonio Martín del Campo para que explique las razones por las que determinó tal situación, pues este trabajador es padre de familia y fue un trabajador que durante más de una década sirvió al municipio de Aguascalientes.

La legisladora priista pidió dejar de lado protagonismos y la cerrazón, por el contrario, solicitó apertura al diálogo y el entendimiento para buscar una mejor solución.

LEGISLADOR ADOLFO SUÁREZ RAMÍREZ

Tocó el turno de intervenir en el apartado de asuntos generales al diputado Adolfo Suárez Ramírez, quien presentó una iniciativa de reformas al Código Penal de Aguascalientes para ampliar las modalidades del tipo penal de abigeato.

El integrante del Grupo Parlamentario del PAN, expuso que actualmente no están tipificadas algunas conductas ilegítimas que podrían constituirse en el citado delito, en modalidades de abigeato calificado o equiparado. De esta manera, se incluyen modalidades como la matanza ilegal de ganado ajeno, la transportación o comercialización de los animales robados y sus productos o la adquisición de los mismos con conocimiento del ilícito; además, la colusión de servidores públicos, el encubrimiento, facilitación o la protección con documentación, etc.

Suárez Ramírez señaló que la propuesta surge de reuniones con ganaderos, quienes manifestaron su desconfianza en las autoridades responsables de la persecución de los delitos y de las dificultades que implican los trámites judiciales.

DIPUTADA ROSA ELENA ANAYA VILLALPANDO

La diputada Rosa Elena Anaya Villalpando, en representación del Grupo Parlamentario del PRI-PVEM, presentó una iniciativa de reforma y adición a la Ley de Educación del Estado de Aguascalientes, con el propósito de favorecer que las estudiantes que serán madres puedan continuar con sus estudios y con ello disminuir los casos de deserción escolar.

Anaya Villalpando refirió que de acuerdo con estadísticas, Aguascalientes ocupa el lugar 18 en este tipo de casos, pues al día se realizan mil 252 partos, y en 1 de cada 5 alumbramientos, una adolescente da a luz, aunado a que el 80 por ciento de los adolescentes desertan por este motivo.

Es por ello, la importancia de impulsar iniciativas que favorezcan el desarrollo de madres y padres adolescentes, sin descuidar sus estudios y mejorando su entorno escolar, familiar y social, aseveró la diputada Rosa Elena Anaya.

DIPUTADA MARÍA DE LOURDES DÁVILA CASTAÑEDA

La legisladora Lourdes Dávila, dijo que Aguascalientes es la segunda entidad con menor número de personas en pobreza extrema en el país, además de que ha habido una reducción significativa según cifras del Coneval, pues en los últimos dos años se pasó de tener a 42 mil ciudadanos en esta situación para llegar a los 25 mil.

Destacó que gracias a las políticas sociales integrales del Gobierno del Estado, se ha avanzado en la atración de inversiones y en el mejoramiento de la calidad de vida de las familias, pues en la evaluación respectiva se toman en cuenta los ingresos de los hogares, así como el acceso a los servicios de educación, salud, vivienda y alimentación.

Opinó que el combate a la pobreza no se limita a la dotación de una despensa, que es una solución para un par de días, sino de facilitar las condiciones para que los ciudadanos tengan la posibilidad de un empleo con seguridad social, planteles escolraes de tosos los niveles y por supuesto, el combate a los delitos de alto impacto.

LEGISLADOR ULISES RUIZ ESPARZA DE ALBA

El diputado Ulises Ruíz Esparza pidió un turno en la tribuna para subir una iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona un último párrafo al artículo 251 del Código Electoral del Estado de Aguascalientes en materia de impulso de la Ciencia, Tecnología e Innovación.

Sobre lo anterior expuso que dada la importancia que tiene la generación de conocimiento y desarrollo tecnológico como medio para generar sociedades más justas, por lo que su iniciativa propone que los recursos derivados de las sanciones impuestas por el Instituto Estatal Electoral deberán ser destinadas para apoyar las labores y acciones emprendidas por el Instituto para el Desarrollo de la Sociedad del Conocimiento, el cual ha demostrado los beneficios en el rubro para los aguascalentenses y siga impulsando políticas y acciones para atender las grandes prioridades  del Estado mediante la articulación de los sectores académico, empresarial y gubernamental a través de las tres actividades sustantivas: financiamiento, formación de capital humano y divulgación.

Sin otro asunto en el orden del día, el presidente de la Mesa Directiva, diputado Juan Antonio Esparza Alonso, procedió a la clausura de los trabajos, no sin antes citar a los miembros de la LXII Legislatura a la sesión solemne de clausura del período ordinario de sesiones para el día viernes 31 del presente mes de julio, en punto de las once horas, en recinto oficial del Congreso del Estado.