Integrantes de la Diputación Permanente recordaron que además de la reformada Ley de Aguas, existe jurisprudencia al respecto.
En sesión de la Diputación Permanente, algunos legisladores se pronunciaron en contra de los intentos de la empresa Proactiva Medio Ambiente CAASA por cobrar el servicio de agua potable a las escuelas y hospitales públicos, además de abordar asuntos de carácter educativo y sobre el reciente veto parcial ejercido por el Ejecutivo a las reformas a la Ley de Desarrollo Social del Estado.
Sin asuntos nuevos en cartera por destacar, se procedió a las participaciones en el apartado de asuntos generales, donde el diputado Cuauhtémoc Escobedo Tejada hizo un enérgico llamado a que la LXII Legislatura de Aguascalientes exija el cumplimiento a las reformas a la Ley de Aguas, donde acorde a jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, no se le puede cobrar el líquido ni el uso de las redes de alcantarillado a las instituciones de carácter público en materia de salud y educación básica.
El representante popular por el PRD recordó que en 34.8% de la población del Estado vive en pobreza y 27 mil 700 personas en la categoría de extrema pobreza, por lo que aunado a los amplios gastos en útiles escolares, cuotas y uniformes escolares, el cobrar el agua a escuelas bloquea el derecho a la educación de millares de familias, pues el costo del servicio se cargaría principalmente a los padres.
El diputado Oswaldo Rodríguez García se sumó a la solicitud de su homólogo y coincidió que desde la Diputación Permanente debe salir una voz fuerte, unida, que ponga un alto a los abusos de la concesionaria, porque es gracias a los ciudadanos que esta empresa extranjera obtiene ganancias, y no es justo que sea a costa de ellos que pretenda enriquecerse.
Por su parte, el diputado del PRI Eduardo Rocha Álvarez celebró el impulso de la Ley de Disciplina Financiera de los Estados y Municipios por parte del Gobierno Federal, la cual vendrá a fortalecer las finanzas de las entidades mediante el establecimiento de topes y restricciones en la contratación de empréstitos, tras destacar la creación de un registro único que permitirá monitorear y alertar sobre cualquier anomalía que pudiera poner en riesgo la aplicación de los recursos públicos.
Rocha Álvarez indicó que el Congreso del Estado tendrá que emprender las armonizaciones en las leyes secundarias que tengan que ver con la fiscalización y manejo de los dineros; adelantó que el Grupo Parlamentario del PRI-PVEM presentará una propuesta que continúe con el mejoramiento en el manejo responsable de las finanzas.
El legislador priista aseguró que esta nueva ley que formuló el Gobierno de la República, además de fortalecer el federalismo, vendrá a encaminar los esfuerzos de los estados estableciendo mecanismos de vigilancia y correcta aplicación de los recursos en beneficio de sus habitantes.
Para debatir lo expuesto por su homólogo, el legislador Cuauhtémoc Escobedo cuestionó si la reforma en mención tendrá un fin municipalista o solo tendrá fines de persecución y castigo, tras asegurar que esta administración federal se ha caracterizado por centralizar las políticas públicas sin mirar las grandes necesidades que enfrentan los ayuntamientos para cumplir con sus obligaciones de prestación de servicios básicos.
Reconoció que se han dado casos en que los gobiernos han caído en abusos en el manejo del presupuesto, pero también recalcó que hay municipios pobres como El Llano o Asientos que no cuentan con el capital suficiente para atender todas las necesidades de su población, que a veces se amplían a los ámbitos educativos y de la salud.
Para cerrar el tema, el legislador Eduardo Rocha Álvarez apuntó que no debe perderse de vista el espíritu de este nuevo ordenamiento, que no es otro que el de prevenir los excesos, desorden financiero y derroche de recursos en municipios, pues dijo que no se trata de entregar cheques en blanco a los Ayuntamientos, sino de orientarlos sobre la viabilidad de pago de los créditos que soliciten para evitar con ello la afectación de las comunidades a las que representan.
Posteriormente, tomó la palabra el diputado Leonardo Montañez Castro, para reiterar la posición de la bancada del PAN en contra del veto parcial ejercido por el jefe del Poder Ejecutivo a las reformas hechas por el Congreso del Estado a la Ley de Desarrollo Social.
Manifestó que tras un análisis jurídico, no consideran que la LXII Legislatura haya invadido competencias del Congreso de la Unión en materia de uso de datos personales y transparencia gubernamental, sino que el Decreto 214 pretendía homologar la Ley de Desarrollo Social con los ordenamientos federales que ya contemplan la operación del llamado “Padrón Único de Beneficiarios”.
Sobre el asunto, el diputado Eduardo Rocha Álvarez apuntó que el gobernador Carlos Lozano de la Torre se apegó a la ley y ejerció su derecho de veto el cual fundamentó de manera adecuada, ya que las modificaciones a la Ley Estatal de Desarrollo Social en la materia invaden la competencia de la Legislatura federal por tratarse de protección de datos, al referirse al citado padrón de los beneficiarios de programas sociales.
Rocha Álvarez dijo que el proceso legislativo continuará su curso y la Comisión de Desarrollo Social del Congreso Local en su momento tendrá que analizar las observaciones del Ejecutivo Estatal y por consiguiente emitir un documento al respecto.
