- El Congreso del Estado aprobó las iniciativas respectivas en el Período Extraordinario realizado este jueves.
- “Es el esfuerzo más trascendental del que se tenga registro en la historia para apoyar a las escuelas”: Diputado Juan Manuel Méndez Noriega.
Con la aprobación de un paquete de iniciativas en materia de educación y salud, el Congreso del Estado de Aguascalientes otorgó el sustento para que la Federación envíe recursos extraordinarios por hasta 533 millones de pesos que serán aplicados los próximos tres años, resultado de la sesión extraordinaria celebrada este jueves 22 de octubre, bajo la presidencia del diputado Salvador Dávila Montoya, quien fue electo en la asamblea legislativa previa realizada por convocatoria de la Diputación Permanente.
La Mesa Directiva que presidió los trabajos del Primer Periodo Extraordinario correspondiente al Segundo Año de Ejercicio Constitucional de la LXII Legislatura de Aguascalientes, contó en su integración con los diputados María de Lourdes Dávila Castañeda como vicepresidenta, José Enrique Juárez Ramírez como primer secretario, Marco Arturo Delgado Martín del Campo como segundo secretario y Fernando Díaz de León González como prosecretario, quienes rindieron la protesta de ley correspondiente.
El primer dictamen puesto a consideración del Pleno fue el de las comisiones unidas de Gobernación y Puntos Constitucionales, así como de Educación y Cultura, que contiene la iniciativa de Ley que crea el Instituto de Infraestructura Física Educativa del Estado de Aguascalientes.
En su oportunidad, la diputada del PRI María de los Ángeles Aguilera Ramírez, reconoció que si bien Aguascalientes tardó en ingresar a este esquema lo que derivó que por años se dejará de acceder a recursos para el mantenimiento de planteles educativos, empero hoy se tiene la gran oportunidad para dar paso a la creación del Instituto de Infraestructura Física Educativa que impulse la rehabilitación integral de las escuelas de todos los niveles, ya que es urgente la intervención para remozar muchas de ellas y fortalecer su funcionamiento, pues en la actualidad se pueden encontrar aulas que no están en condiciones favorables para los estudiantes.
Aguilera Ramírez enfatizó que darán seguimiento al nombramiento del titular de dicho Instituto, quien tendrá que sujetarse a los mecanismos de transparencia y rendición de cuentas, al establecerse en las reformas la prohibición para que este organismo adquiera un financiamiento alterno, además de garantizar que las nuevas escuelas deben contemplar la instalación de bebederos, infraestructura e inmobiliario apropiado para el desempeño de alumnos y profesores.
De igual forma y en apoyo a la moción, tomó la palabra el diputado Juan Manuel Méndez Noriega, al señalar que las iniciativas representan “el esfuerzo más trascendental del que se tenga registro en la historia para apoyar a las escuelas”. Dijo que la infraestructura educativa necesita un continuo mantenimiento y actualización tecnológica, para atender adecuadamente las necesidades del alumnado.
El profesor afirmó que es imperativo que la infraestructura escolar debe ser el fundamento para el correcto trabajo docente, por lo que es tiempo de actuar a favor de las instituciones públicas educativas, proceso en el que con las modificaciones propuestas por los legisladores locales, se transparentará el uso de los recursos presupuestales históricos, al incluir representantes de padres de familia y del magisterio en el nuevo organismo público que será el responsable de la rehabilitación y mantenimiento de los planteles escolares. Además, enfatizó que no hay riesgo de desvío de recursos, pues estos serán fiscalizados por la Federación y estarán etiquetados conforme a las necesidades detectadas en el levantamiento realizado por el INEGI.
Méndez Noriega explicó que los nuevos modelos pedagógicos demandan la creación de espacios educativos no tradicionales, que permitan la movilidad, la interacción y el aprendizaje participativo. Por ello, concluyó, se debe apoyar el esquema propuesto por el Gobierno Federal para la obtención de recursos adicionales, que de ninguna manera pondrá en riesgo el presupuesto destinado al Estado de Aguascalientes.
Al recabar la votación respectiva, todas las fuerzas políticas representadas en el Poder Legislativo local, emitieron su posición afirmativa con respecto a la propuesta.
Posteriormente, se procedió al debate del dictamen de la Comisión de Vigilancia, que resuelve la iniciativa con proyecto de decreto por el que se autoriza y confirma la participación del Estado de Aguascalientes en el “Programa de Mejoramiento de la Infraestructura Educativa” implementado por el Gobierno Federal, así como la asunción de compromisos de afectación de recursos con cargo a varios ejercicios presupuestales y la suscripción también con la Federación, del “Convenio de Colaboración, a través del cual se establece un mecanismo de potenciación de recursos”.
En primer turno, la legisladora Martha Márquez Alvarado, coordinadora del Grupo Parlamentario del PAN, manifestó que existen coincidencias en algunos aspectos de la iniciativa, tras reconocer que con esta modificación se da un avance significativo en el rezago que hay en el fortalecimiento de la educación a consecuencia de la falta de voluntad política.
No obstante, Márquez Alvarado expresó su preocupación por que en los próximos 25 años se comprometerán los recursos y no habrá posibilidad de obtener más financiamiento en este lapso, mismo en que las escuelas no recibirán mantenimiento; aseveró no estar en contra de gestionar mayores recursos para la rehabilitación de escuelas sino que rechaza la opacidad con la que se administran los recursos destinados a este rubro, toda vez que el magisterio ha señalado una y otra vez al Instituto de Educación de Aguascalientes (IEA) por múltiples supuestas irregularidades en el manejo de los dineros.
Mario Alberto Álvarez Michaus, legislador de la bancada panista, subió a la tribuna para fijar su posición con respecto al proyecto de decreto en discusión. Manifestó que coincide en los planteamientos de transparencia que hizo su coordinadora, quien le antecedió en la palabra; no obstante, se dijo aliado de los padres de familia y los estudiantes, por lo que se sumó a la propuesta planteada.
Aclaró que los lugares a intervenir son seleccionados por la Federación, no por el Estado, lo que le brinda certeza respecto a la operación del programa, además de que la actual administración solo podrá ejercer el recurso de un año y el próximo Gobierno, independientemente de partido de origen, podrá ejercerlo durante dos más. Opinó que “es mejor pájaro en mano” que tardarse 25 años en rehabilitar las escuelas que en efecto, tienen graves deficiencias en su infraestructura sanitaria, además de carencias en instalaciones básicas.
Por su parte, el diputado del PRD, Marco Arturo Delgado Martín del Campo reconoció que hay escuelas que se encuentran en total deterioro, planteles que ya no pueden aguantar más tiempo para emprender su rehabilitación, por lo que “manifiesto mi voto de confianza a este proyecto, sin embargo no significa que entreguemos un cheque en blanco, vigilaremos el uso y destino de esos recursos”.
En posicionamiento a favor, el legislador Cuauhtémoc Escobedo Tejada declaró que de no ser por las cuotas de los padres de familia, habría muchas escuelas más en peor estado. Aseveró que el planteamiento gubernamental para rehabilitar las escuelas no es el mejor camino, al considerarlo como deuda disfrazada.
Observó que “hay razones de sobra para no aprobar el dictamen”, pero que mueve más la preocupación de comunidades escolares por mejorar esa infraestructura. Por tal motivo, adelantó su voto a favor aunque advirtió que “el PRD estará atento a la aplicación de recursos, para que sea transparente y apegada a la ley”.
Para concluir, el representante popular propuso que si se va a invertir en mejorar los planteles, “que se invierta en un seguro contra siniestros que proteja la infraestructura de las escuelas”, esto a colación de la iniciativa presentada semanas antes para tal fin.
Al hacer uso la voz, el legislador del PRI Eduardo Rocha Álvarez dijo que no aprobar esta iniciativa sería negarles un entorno pedagógico a las niñas y niños que a diario acuden a las aulas, al tiempo que rechazó que esto sea una adquisición de deuda pública para el estado, al puntualizar que en los próximos 25 años sí se podrán gestionar recursos económicos para la rehabilitación de los planteles.
En este sentido, Rocha Álvarez indicó que es una iniciativa de alcance nacional, “y por ello los integrantes del GPPRI-PVEM nos sumamos al anhelo ciudadano de que las escuelas se conviertan en un espacio digno y favorable para que el alumnado cuente con un mejor desarrollo educativo”.
Posteriormente, el diputado Adolfo Suárez Ramírez expresó su beneplácito al “apreciar que compañeros de bancada sostenemos posturas diferentes, lo que es un orgullo”. Expuso que con la aprobación del convenio educativo, se tendrá que exigir la cancelación de las cuotas escolares, además de la obligación de las autoridades educativas para ofrecer bebederos de agua potable, sanitarios dignos y aulas apropiadas para impartir las clases.
El legislador del Grupo Parlamentario del PAN comentó que en sus oficinas de gestión, es tema recurrente el apoyo para los planteles educativos, que en el caso de Jesús María, su demarcación, carecen de cuestiones indispensables como alumbrado público. Por ello, comprometió su voto a favor de la iniciativa, “por la obligación que representa apoyar a los alumnos y padres de familia en beneficio de la educación”. No obstante, pidió que se transparenten los apoyos que se canalizarán a las escuelas, pues a final de cuentas “estaremos gastando un dinero que no nos corresponde sino a los gobiernos futuros”.
En la votación respectiva, el dictamen logró la aprobación con 25 legisladores a favor y la posición en contra de las diputadas Martha Cecilia Márquez Alvarado y Sylvia Garfias Cedillo.
Por último, se procedió con el desahogo del dictamen de las comisiones unidas de Gobernación y Puntos Constitucionales, así como de Salud Pública y Asistencia Social, sobre la iniciativa de Ley que crea el Organismo Público Descentralizado denominado Régimen Estatal de Protección Social de Salud del Estado de Aguascalientes; y de reformas a la Ley de Salud del Estado de Aguascalientes.
Momentos antes de la aprobación, la diputada Verónica Sánchez Alejandre, a nombre del Grupo Parlamentario del PRI-PVEM, manifestó que el aval de esta iniciativa significa el fortalecer el sistema de salud pública, a través de un esquema novedoso que permitirá gestionar mayores recursos para brindar una mejor y más eficaz atención a los beneficiarios del Seguro Popular.
Con la modificación, Sánchez Alejandre sostuvo que ahora se instaurará un Organismo Público Descentralizado (OPD) que administrará los recursos financieros de dicho programa, con el propósito de ampliar la cobertura de los servicios de salud e incrementar la infraestructura hospitalaria.
La legisladora priista dijo que con esta transformación el estado recibirá en tiempo y forma los recursos destinados a la operación del Seguro Popular, por lo que no se verán afectados los derechohabientes.
Enseguida, hizo uso de los micrófonos del recinto legislativo el diputado Oswaldo Rodríguez García, quien resaltó la trascendencia del ámbito de la salud, aspecto que sigue siendo una asignatura pendiente para la población abierta no derechohabiente, lo que se evidencia en las múltiples gestiones que cotidianamente se hacen en el Congreso del Estado, en su caso particular, más de 500 apoyos para hospitalización, medicamentos, sillas de ruedas, entre otros.
El legislador de Movimiento Ciudadano subrayó que una tercera parte de la gente en Aguascalientes tiene dificultades de acceso a los servicios de salud, por lo que se pronunció a favor de la iniciativa en análisis, ya que se fortalecerá el Seguro Popular en Aguascalientes, del que también dijo, “estará pendiente de la aplicación de los recursos para este programa y la operación del mismo”.
Al hacer el recuento de los sufragios, el dictamen obtuvo una votación mayoritaria a favor de los ocupantes de curul, con el voto en contra de la diputada Sylvia Garfias Cedillo y las ausencias en el salón de sesiones de los legisladores Martha Márquez Alvarado y Mario Alberto Álvarez Michaus.
Sin otro asunto por votar ante la representación popular de Aguascalientes, el presidente de la Mesa Directiva, diputado Salvador Dávila Montoya, clausuró los trabajos que dieron pie a la realización de la sesión extraordinaria, por lo que se ordenó la expedición de los decretos respectivos para la publicación en el Periódico Oficial del Estado.